La mañana de este martes se confirmó un ajuste en el gabinete de seguridad del presidente José Antonio Kast, luego de que el mandatario solicitara la renuncia de los subsecretarios de seguridad Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, en una medida que surge tras una evaluación de gestión ordenada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau. La salida de Jouannet —exmilitante de Amarillos hasta la disolución de esa colectividad— y de Quintana —quien mantiene su militancia congelada en el Partido Nacional Libertario— se interpreta en La Moneda como una reacción a las presiones por ajustar las estrategias en la cartera de orden público y por acelerar cambios en la conducción de las políticas públicas vinculadas a la seguridad.
Según un reporte de La Tercera, la remoción se materializó luego de la revisión liderada por el ministro Arrau, del Partido Republicano, quien evaluó aspectos de gestión y coordinación en las áreas de prevención y seguridad ciudadana. En el análisis se consideraron resultados operativos, capacidad de interlocución con instituciones policiales y la articulación con gobiernos regionales y municipios. El Gobierno, además, busca evitar discontinuidades en la conducción de las políticas de seguridad ante episodios de alta exposición pública en materia de orden público.
La salida de estos subsecretarios de seguridad se produce en un contexto político marcado por la necesidad de mostrar respuestas concretas a la ciudadanía en materia de prevención del delito y orden público. En el oficialismo reconocen que las subsecretarías son ejes centrales para la implementación de medidas, tanto en la coordinación con las policías como en el diseño de programas preventivos y la articulación con el sistema judicial y las administraciones locales. Por esa razón, en el Palacio de La Moneda se apura la evaluación de perfiles que puedan asumir con rapidez y garantizar continuidad administrativa.
Candidaturas y desafíos que enfrentarán los nuevos subsecretarios de seguridad
En el gobierno ya están circulando varios nombres para reemplazar a los salientes subsecretarios de seguridad, con alternativas que provienen tanto de Chile Vamos como del propio Partido Republicano. Entre las cartas que suenan con mayor fuerza figuran Juan Francisco Galli (RN), quien cuenta con experiencia en el sector y se desempeñó como subsecretario del Interior en el segundo gobierno de Sebastián Piñera; Enrique Bassaletti (PLR), excarabinero y actual diputado del Partido Republicano, valorado por su perfil técnico y legislativo; y Diego Sepúlveda (PLR), delegado presidencial regional de Ñuble y militante republicano, quien en las últimas horas se sumó a la nómina de candidatos evaluados por el Ejecutivo.
La selección de los nuevos subsecretarios de seguridad implicará, en los hechos, evaluar capacidades técnicas, respaldo político dentro de la coalición y aptitud para la coordinación interinstitucional. En la práctica, el Ejecutivo debe decidir si apuesta por perfiles con experiencia técnica en seguridad pública, por figuras con peso político que faciliten acuerdos legislativos, o por delegados regionales con conocimiento del territorio, opciones que aparecen mezcladas en las alternativas que se barajan en La Moneda.
Fuentes internas indicaron que la intención del gobierno es oficializar los nombramientos durante el transcurso de la jornada para evitar vacíos de poder en el diseño y ejecución de políticas de seguridad pública. La rapidez en estos anuncios responde, según cercanos al proceso, a la necesidad de mantener la operatividad en las tareas cotidianas de las subsecretarías, que incluyen la coordinación con las policías, la implementación de programas de prevención del delito y el seguimiento de medidas de orden público en las distintas regiones.
La salida de Jouannet y Quintana y la posible llegada de nuevos subsecretarios de seguridad también abre la discusión interna en la coalición oficialista sobre prioridades: por un lado, acelerar reformas y cambios operativos en materia de control del delito; por otro, garantizar la estabilidad institucional y la continuidad de programas en curso. En ese contexto, la elección de los nombres deberá equilibrar cuestiones técnicas y políticas para asegurar que la transición no afecte la capacidad operativa del Ministerio de Seguridad.
Especialistas y actores políticos consultados de manera pública en notas previas han subrayado la importancia de la estabilidad en las subsecretarías para sostener políticas de largo plazo en prevención del delito; aunque en esta oportunidad el Gobierno prioriza una respuesta política y administrativa frente a las críticas recibidas. La formalización de los ajustes, de acuerdo con lo informado, se conocerá en las próximas horas y será seguida de cerca por partidos de la coalición, fuerzas de oposición y autoridades regionales.
En resumen, las renuncias solicitadas por el Presidente y ejecutadas tras la evaluación del ministro Martín Arrau provocan una reconfiguración inmediata en áreas claves del Ejecutivo. El foco del Gobierno ahora está en designar con celeridad a los nuevos subsecretarios de seguridad que aseguren tanto la continuidad de la gestión como la capacidad de impulsar las modificaciones operativas que el Ejecutivo considera necesarias en su agenda de seguridad pública.