El alcalde de Lautaro, Ricardo Jaramillo (RN), quedó en el centro de una controversia luego de que la Contraloría Regional determinara que debió abstenerse de intervenir en el proceso administrativo relacionado con la contratación de una funcionaria municipal que actualmente mantiene una relación de pareja con él. Si bien el organismo no cuestionó la legalidad del vínculo laboral, sí concluyó que existía un deber de abstención por razones de probidad.
Según informó W Informa, la fiscalización estableció que el alcalde de Lautaro participó en la firma del decreto que permitió el ingreso de la funcionaria al municipio. Debido a la relación personal existente entre ambos, Contraloría señaló que correspondía aplicar el principio de abstención para resguardar la imparcialidad en el ejercicio de la función pública.
Contraloría instruye medidas de probidad
El pronunciamiento precisa que la funcionaria no mantenía una inhabilidad legal para ser contratada, ya que no existía vínculo matrimonial con el alcalde de Lautaro. Sin embargo, el organismo concluyó que la participación de la autoridad comunal en el acto administrativo no se ajustó al deber de abstención contemplado en las normas de probidad administrativa.
En consecuencia, Contraloría instruyó que el alcalde de Lautaro deberá mantenerse al margen de cualquier decisión relacionada con la evaluación, supervisión, control o renovación de la funcionaria mientras ambos mantengan la relación personal y ella continúe desempeñándose en el municipio.
Asimismo, el decreto firmado por el alcalde de Lautaro fue dejado sin efecto cuatro meses después de la contratación. Paralelamente, concejales de la comuna anunciaron que solicitarán mayores antecedentes para revisar el procedimiento administrativo y conocer en detalle las medidas adoptadas por el municipio.
Municipio entrega su versión
Tras la difusión del caso, la Municipalidad de Lautaro emitió una declaración pública, difundida por Araucanía Noticias, en la que aclaró que la funcionaria ingresó a trabajar en enero de 2023, antes de iniciar una relación sentimental con el alcalde de Lautaro.
De acuerdo con el municipio, la permanencia de la trabajadora corresponde únicamente a la renovación anual de un contrato ya existente y no a una nueva contratación efectuada durante la actual administración.
La declaración agrega que la fiscalización realizada por la Contraloría Regional se originó tras una denuncia anónima y que el organismo no detectó ilegalidades en el vínculo laboral. Según la administración comunal, la única observación formulada fue la necesidad de que el alcalde de Lautaro se abstuviera de intervenir en los actos administrativos vinculados con la funcionaria por razones de probidad.
Municipio asegura que la medida ya fue implementada
En esa misma declaración, la Municipalidad de Lautaro informó que la instrucción emitida por Contraloría ya fue aplicada mediante la delegación de las firmas y actos administrativos relacionados con la funcionaria, evitando que el alcalde de Lautaro participe en futuras decisiones respecto de su situación laboral.
Anteriormente, el administrador municipal, Cristian Salinas, también había señalado que el alcalde firma una gran cantidad de documentos diariamente y planteó que no habría advertido el contenido específico del decreto observado. Además, descartó que hubiera existido algún tipo de beneficio o trato preferente hacia la funcionaria.
Con estas aclaraciones, el municipio sostiene que las observaciones formuladas por Contraloría fueron abordadas mediante medidas administrativas internas, mientras el alcalde de Lautaro continuará inhibido de intervenir en cualquier acto administrativo relacionado con la funcionaria, dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por el organismo fiscalizador.