Municipalidad de Traiguén pierde apelación y debe retrotraer licitación
La Corte de Apelaciones confirmó el fallo dictado por el Tribunal de Contratación Pública que declaró ilegal y arbitrario el rechazo de una licitación por parte de la Municipalidad de Traiguén, en la Región de La Araucanía. El caso involucra directamente a los concejales Rosanna Rathgeb e Iván Luengo, quienes votaron en contra de la adjudicación del proyecto “Mejoramiento Espacio Público, comuna de Traiguén”.
El proceso licitatorio en cuestión, con ID 3502-56-LP23, fue resuelto por la Comisión Evaluadora, que asignó el mayor puntaje a la Unión Temporal de Proveedores (UTP) compuesta por Sociedad Comercial Guidotti Leonelli e Hijos Ltda y Essio Guidotti Leonelli. Esta propuesta obtuvo 89,83 puntos, ubicándose por sobre sus competidores y cumpliendo con todos los requisitos establecidos en las bases.
Sin embargo, en la sesión del Concejo Municipal del 21 de agosto de 2023, los concejales mencionados rechazaron la adjudicación de la licitación, argumentando que la oferta había sido modificada tras una corrección, a pesar de que dicha enmienda estaba permitida expresamente en las bases del concurso. La votación contraria al informe técnico fue determinante para frenar el proyecto.
La UTP interpuso un recurso ante el Tribunal de Contratación Pública, el cual fue acogido. El tribunal ordenó retrotraer el proceso de adjudicación, obligando a presentar nuevamente la propuesta al Concejo Municipal, esta vez con la instrucción de respetar el resultado del proceso evaluativo.
El fallo de la Corte de Apelaciones ratificó esta resolución y dejó sin posibilidades de apelación al municipio, que ahora debe acatar lo determinado por la justicia. Además, se abre la puerta para eventuales acciones legales contra los concejales involucrados. De probarse daño patrimonial, podrían ser civilmente responsables con sus propios bienes.
Desde el ámbito legal, este caso sienta un precedente en materia de responsabilidad administrativa y fiscalización de los actos de los concejales, particularmente en lo que refiere a procesos de contratación pública. La jurisprudencia refuerza el principio de legalidad en la gestión municipal y subraya que las decisiones deben ajustarse estrictamente a las bases de los procesos licitatorios.
En la Región de La Araucanía, donde la inversión pública es crucial para el desarrollo local, este tipo de hechos impacta no solo en la ejecución de proyectos, sino también en la confianza institucional. El llamado de atención de la justicia busca garantizar que las evaluaciones técnicas primen sobre decisiones arbitrarias y sin sustento normativo.