Concejales acusan al exalcalde de Lonquimay Gilberto Alegría ante el TER por abandono de deberes
Cuatro concejales de la comuna de Lonquimay presentaron una acusación formal ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de La Araucanía contra el exalcalde Gilberto Nibaldo Alegría Alegría. La acción judicial, interpuesta el pasado 30 de mayo de 2025, busca que se declare la inhabilidad del exjefe comunal para ejercer cargos públicos por un período de cinco años, alegando abandono de deberes durante su mandato.
Los ediles firmantes de la acusación son José Guido Barría Oyarzún, Juan Gastón Fuentes Cid, Jorge Fernando Cerda Figueroa y Anicia Yenifer Soto Curical. En su presentación ante el TER, sostienen que el exalcalde de Lonquimay incurrió en un comportamiento incompatible con las exigencias del cargo, mostrando una falta de compromiso con la conducción municipal.
La base legal de la acusación se fundamenta en múltiples disposiciones de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Entre los artículos citados figuran los números 40, 51 bis, 57, 58, 65, 82 y 83, los cuales establecen los deberes que recaen sobre los alcaldes en materia de administración municipal, responsabilidad fiscal, y control del cumplimiento normativo, entre otros.
Una vez ingresado el requerimiento, el Tribunal Electoral Regional declaró admisible la acción y, el 4 de junio, ordenó notificar formalmente al exalcalde Alegría Alegría. Desde entonces, el proceso se encuentra en etapa de análisis por parte del TER, a la espera de la respuesta formal del acusado y los siguientes pasos judiciales.
Hasta el momento, el exalcalde de Lonquimay Gilberto Nibaldo Alegría no ha emitido declaraciones públicas sobre la acusación en su contra. Tampoco se han conocido reacciones de su círculo cercano o declaraciones en medios que permitan conocer su posición frente a los hechos que se le imputan.
El proceso judicial pone nuevamente en el foco la fiscalización de los cargos públicos y el deber de rendición de cuentas que recae sobre quienes ocupan funciones de alta responsabilidad comunal. En este contexto, los concejales de Lonquimay han utilizado una herramienta institucional para canalizar su denuncia y ponerla en manos del órgano jurisdiccional competente.
No obstante, también es relevante señalar que el exalcalde de Lonquimay tiene derecho a defenderse de las acusaciones dentro del marco de un proceso justo. La etapa en curso permitirá que Alegría entregue su versión de los hechos y que se evalúe en derecho si las acusaciones tienen el sustento suficiente como para derivar en su inhabilitación.
La decisión final quedará en manos del TER, que deberá determinar si hubo efectivamente abandono de deberes y si corresponde aplicar la sanción solicitada por los concejales en contra del exalcalde de Lonquimay.
Este caso se suma a otras instancias en las que se ha cuestionado la conducta de autoridades locales, y pone de relieve la importancia de los mecanismos institucionales de control ciudadano. La ciudadanía de Lonquimay, así como el resto de la región, seguirá atenta al desarrollo del proceso.