Diputada Ñanco exige sanciones por cobro de peaje a Bomberos en medio de la catástrofe

Peajes en emergencias y cuestionamientos a concesionarias

El cobro de peaje a vehículos de emergencia en medio de los incendios forestales generó una fuerte reacción política. La diputada Coca Ericka Ñanco calificó la situación como impresentable e inaceptable, luego de que se conociera que carros de Bomberos habrían debido pagar para transitar por la Ruta Interportuaria, pese a tratarse de una zona afectada por incendios y procesos de evacuación.

La parlamentaria sostuvo que la normativa vigente es clara respecto al funcionamiento de los peajes durante catástrofes, recalcando que no se puede obstaculizar el paso de vehículos de emergencia en este tipo de escenarios.

Oficio al MOP por funcionamiento de peajes

Ante estos antecedentes, la diputada Ñanco ofició al Ministerio de Obras Públicas para solicitar información detallada sobre los decretos y resoluciones emitidos durante la emergencia, en particular aquellos relacionados con el funcionamiento de las plazas de peaje y el libre tránsito de los servicios de emergencia.

El requerimiento también busca que el MOP informe si ha verificado el cumplimiento de la Ley N° 20.908 por parte de la concesionaria Ruta Interportuaria, normativa que garantiza el libre tránsito de los vehículos de Bomberos durante situaciones de emergencia.

Según los antecedentes conocidos, incluso en momentos en que se desarrollaban evacuaciones, las barreras no habrían sido levantadas, lo que obligó a los equipos de emergencia a efectuar pagos para continuar su desplazamiento.

Declaraciones públicas y nuevas acciones

En declaraciones difundidas a través de su cuenta de Instagram, la diputada señaló que recibió un video desde la región del Biobío que evidenciaría el incumplimiento de la ley por parte de concesionarias de peajes. En ese contexto, afirmó que durante una emergencia no corresponde cobrar mientras las personas evacúan por incendios que afectan al sur del país.

Posteriormente, el martes 20 de enero, la parlamentaria informó que, tras el oficio presentado, las presiones sociales y el trabajo interinstitucional, se logró que la concesionaria bajara las barreras del peaje en el Biobío. Sin embargo, cuestionó las explicaciones entregadas por el seremi de Obras Públicas de la región, quien habría indicado que la concesionaria no levantó las barreras debido a deudas y a la necesidad de «hacer caja».

Frente a este escenario, la diputada anunció que oficiará a Contraloría para que se fiscalice la aplicación efectiva de multas y adelantó que se está trabajando en modificar la ley de concesionarias, con el objetivo de que prime el bienestar de las personas por sobre los intereses económicos en situaciones de emergencia.