Las autoridades sanitarias ordenaron la clausura de la residencia para adultos mayores El Legado del Nono, ubicada en la comuna de Pucón, tras una fiscalización realizada durante la mañana de este jueves. La medida fue adoptada luego de una inspección sorpresa encabezada por la Seremi de Salud de La Araucanía y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en el marco de una denuncia reciente.
Según consignó La Voz de Pucón, la intervención se realizó cuando la investigación penal sobre la residencia ya se encuentra avanzada en el Ministerio Público y cerrada con miras a juicio.
Residencia bajo fiscalización sanitaria
Tras la visita al establecimiento, la fiscalizadora de la Seremi de Salud, Maritza Flandes, confirmó que el recinto no contaba con autorización sanitaria vigente, situación que infringe el decreto 20 que regula los establecimientos de larga estadía para adultos mayores.
La autoridad detalló que, al tratarse de una actividad comercial, la residencia debía contar además con autorización municipal. Durante la inspección se inició un proceso de recopilación de antecedentes vinculados a infraestructura, personal y condiciones sanitarias, lo que derivará en la apertura de un sumario sanitario.
Denuncia y condiciones detectadas
La fiscalización se realizó tras una denuncia presentada por la concejala Marina Matus, quien participó en el procedimiento. La edil manifestó su preocupación por las condiciones observadas al interior del recinto, señalando que los riesgos detectados eran evidentes y alarmantes.
Entre las irregularidades constatadas se identificaron extintores vencidos, ausencia de una vía de evacuación adecuada y un patio con potencial riesgo de incendio. A ello se sumaron problemas sanitarios graves, como alimentos y sueros vencidos, manejo inadecuado de medicamentos y una dotación de personal insuficiente, con solo dos trabajadores para once residentes.
Medidas y plazos para las familias
Tras verificar los antecedentes, la autoridad sanitaria decretó la prohibición de funcionamiento de la residencia y estableció una serie de medidas orientadas a resguardar la seguridad de los adultos mayores que aún permanecen en el lugar.
Las familias disponen de un plazo máximo de 30 días para retirar a sus adultos mayores del establecimiento. Asimismo, se fijó un período para la presentación de descargos por parte de la administración y una nueva inspección posterior para verificar el cumplimiento efectivo de la clausura.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la fiscalización de residencias para adultos mayores y la necesidad de reforzar los controles para asegurar condiciones dignas y seguras para este grupo de la población.