El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez, en el marco del Caso Sartor. El tribunal consideró la gravedad de los delitos imputados, las penas que arriesgan y los riesgos que sus libertades representarían para la seguridad de la sociedad y el desarrollo de la investigación.
La resolución se conoció durante la jornada de este martes 18 de agosto. Según informó Radio Bío Bío, el tribunal también fijó un plazo de 102 días para desarrollar la investigación.
Caso Sartor: tribunal decreta prisión preventiva
Entre los elementos considerados por el tribunal para determinar las medidas cautelares están la gravedad de las penas asociadas a los delitos imputados y la pena probable que los involucrados podrían enfrentar en caso de ser condenados.
El tribunal estimó que mantener en libertad a los cuatro imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el desarrollo de las diligencias del Caso Sartor.
La investigación tiene como imputados a cinco exdirectores y ejecutivos vinculados al grupo: Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
La situación de Michael Clark y Azul Azul
Uno de los principales puntos de controversia durante la formalización del Caso Sartor ha sido la situación de Michael Clark y su vínculo con Azul Azul.
La Fiscalía sostiene que la operación mediante la cual Clark adquirió cuotas de un fondo de inversión que controlaba el 63% de Azul Azul implicó una toma de control indirecta que requería una oferta pública de adquisición, OPA.
La defensa de Clark planteó una interpretación diferente. Argumentó que la adquisición se realizó sobre un fondo que ya mantenía el control de la sociedad, cuestionando que existiera la obligación de efectuar una oferta pública de adquisición.
El Ministerio Público también presentó antecedentes destinados a demostrar la influencia que habría ejercido Clark en decisiones de Azul Azul.
Investigación por delitos económicos
La formalización del Caso Sartor comenzó hace dos semanas. En esta etapa procesal, el tribunal ya había dado por acreditados delitos como lavado de activos y fraude por omisión de una oferta pública de adquisición.
También tuvo por acreditados provisionalmente distintos tipos de estafa, con un perjuicio atribuido superior a $2.200 millones, además de administración desleal y apropiación indebida.
Con las medidas cautelares decretadas, el tribunal estableció 102 días para continuar la investigación. Durante ese período, el Ministerio Público deberá seguir desarrollando las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales de los imputados en el Caso Sartor.