Una nueva querella presentada por TOESCA S.A. Administradora General de Fondos en el marco del caso Sartor amplió significativamente las investigaciones que rodean al grupo financiero y sus distintas estructuras de inversión.
El documento judicial, ingresado ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, al que Sur Informado pudo acceder, apunta contra Pedro Pablo Larraín, Michael Clark, Mauro Valdés, Alfredo Harz y otros exdirectivos y ejecutivos vinculados a Sartor AGF, acusándolos de presuntos delitos de negociación incompatible y administración desleal bajo la Ley de Delitos Económicos.
La querella sostiene que existió un esquema financiero destinado a canalizar recursos provenientes de fondos administrados fiduciariamente hacia sociedades relacionadas y proyectos privados, incluyendo un desarrollo inmobiliario en Miami y operaciones asociadas a Atlas Bank Panamá.
Nueva arista del caso Sartor apunta a operación inmobiliaria en Miami
Uno de los principales focos de la nueva acción judicial corresponde al proyecto inmobiliario conocido inicialmente como “One River Point” y posteriormente rebautizado como “Faena Residences Miami”.
Según el escrito, el grupo Sartor habría destinado entre USD 40 y USD 50 millones de dólares al proyecto mediante distintas estructuras financieras y sociedades intermedias.
La nueva querella del caso Sartor sostiene que estas operaciones terminaron comprometiendo recursos provenientes de fondos administrados fiduciariamente, situación que hoy forma parte central de la investigación judicial.
La querella detalla que fondos como Sartor Táctico Internacional, Sartor Leasing, Sartor Proyección y el Fondo Sartor Táctico habrían transferido recursos hacia Asesorías e Inversiones Sartor S.A. y posteriormente a sociedades como CEPSA, Downtown Investments LLC y ORP Partners LLC.
“La presente querella versa (…) sobre la cadena Fondo Leasing, Fondo Táctico, Fondo Proyección, Inversiones Cerro El Plomo SpA y FIPTS”, señala el documento judicial.
TOESCA sostiene que esta estructura terminó dejando al Fondo Sartor Táctico Internacional expuesto financieramente al proyecto, pero sin control efectivo sobre el activo inmobiliario desarrollado en Estados Unidos.
La presentación agrega que el Fondo Táctico Internacional terminó concentrando cerca del 65% de sus activos en esta operación, situación que la querella considera incompatible con los deberes fiduciarios y estándares de diversificación exigidos a una administradora de fondos públicos.
Michael Clark y otros directivos aparecen mencionados
Dentro de los antecedentes expuestos en la querella aparecen mencionados Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz, Rodrigo Bustamante, Mauro Valdés y otros ejecutivos ligados a Sartor AGF.
Según el documento, varios de ellos habrían participado en aprobaciones internas, operaciones crediticias y prórrogas financieras vinculadas al esquema investigado.
La acción judicial asegura que el caso Sartor habría operado mediante una compleja estructura de sociedades relacionadas, financiamientos cruzados y mecanismos que actualmente son revisados por el Ministerio Público.
La querella del bullado caso Sartor también incluye referencias a correos electrónicos internos y aprobaciones efectuadas entre 2022 y 2024 relacionadas con créditos otorgados a sociedades vinculadas al grupo.
En uno de los apartados se describe que el Fondo Sartor Táctico Internacional terminó consolidando acreencias por más de USD 33 millones vinculadas a CEPSA y al proyecto inmobiliario en Miami.
Además, la acción judicial sostiene que los créditos otorgados no habrían contado con garantías reales suficientes ni mecanismos eficaces de resguardo patrimonial.
El rol de Atlas Bank Panamá en el caso Sartor
Otra de las líneas investigativas incorporadas en la querella corresponde a operaciones financieras desarrolladas con Atlas Bank Panamá.
Según TOESCA, durante 2021 se habría estructurado un crédito “back to back” entre Atlas Bank Panamá y Asesorías e Inversiones Sartor S.A., utilizando depósitos asociados al Fondo Táctico Internacional como garantía.
La querella sostiene que esta operación permitió trasladar riesgos financieros hacia patrimonios administrados fiduciariamente, mientras el beneficio económico quedaba radicado en sociedades relacionadas con el grupo Sartor.
El documento agrega que la explicación pública entregada por Pedro Pablo Larraín sobre las ventajas de financiamiento internacional “no resiste análisis económico” y que la estructura habría funcionado, en términos prácticos, como una transferencia de recursos desde fondos administrados hacia sociedades del propio grupo.
TOESCA afirma además que, tras la quiebra de Atlas Bank Panamá, la deuda terminó reestructurada directamente hacia el Fondo Sartor Táctico Internacional.
CMF y deterioro patrimonial
La nueva querella en el caso Sartor también incorpora antecedentes de resoluciones previas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), organismo que sancionó a exdirectores y ejecutivos de Sartor AGF.
Según el documento, la CMF estableció que existieron operaciones con entidades relacionadas que habrían generado perjuicios por al menos $95 mil millones.
La presentación judicial sostiene además que los estados financieros de algunos fondos administrados por Sartor no reflejaban adecuadamente su situación económica y patrimonial.
En paralelo, TOESCA asegura que las valorizaciones independientes realizadas por PwC y Deloitte mostraron deterioros significativos en el Fondo Sartor Táctico Internacional, incluyendo una caída patrimonial cercana al 59%.
La querella del caso Sartor solicita ahora múltiples diligencias investigativas al Ministerio Público, incluyendo oficios al Banco Central, Comisión para el Mercado Financiero, Unidad de Análisis Financiero, Servicio de Impuestos Internos y Bolsa de Comercio de Santiago.