Concejo de Temuco rechaza destitución y opta por investigación sumaria
En una sesión marcada por la controversia, el concejo municipal de Temuco decidió no apoyar la destitución del administrador municipal Ricardo Toro, y en su lugar, solicitó la apertura de una investigación sumaria que permita esclarecer las denuncias por presunto conflicto de interés. La votación se realizó sin la presencia de la concejala Claudia Peñailillo, quien se encontraba hospitalizada.
La polémica se desató tras la denuncia presentada por la propia Peñailillo, militante de Renovación Nacional, quien acusó a Ricardo Toro de adjudicar licitaciones a dos empresas con las que habría tenido vínculos previos durante su etapa como trabajador en el sector privado. Esto motivó a los demás concejales a considerar la necesidad de una revisión formal de los antecedentes antes de adoptar medidas drásticas, como la destitución.
Como respuesta institucional, nueve concejales —la totalidad del cuerpo edilicio con excepción de Peñailillo— redactaron y firmaron una carta dirigida al alcalde de Temuco, Roberto Neira. En ella, se solicitó formalmente la realización de una investigación sumaria contra el administrador municipal, con el objetivo de dar curso a una revisión objetiva de los hechos denunciados.
El concejal de la UDI, Mario Jorquera, quien asumió la redacción de la carta, explicó la postura de sus colegas: “La colega hizo una denuncia con algunos antecedentes y eso tiene que analizarse. Hay que esperar más información. Por eso haremos un trabajo más largo, pero más seguro”. La decisión refleja una voluntad del concejo de actuar con prudencia, sin desestimar la seriedad de la denuncia.
El alcalde Neira, por su parte, confirmó la recepción de la carta y dio curso a los procedimientos correspondientes. La investigación sumaria será clave para determinar si existen responsabilidades administrativas que ameriten una futura destitución o si el caso se cierra por falta de sustento.
El caso de Ricardo Toro pone en evidencia la creciente atención sobre la probidad en la administración pública municipal, y refuerza el rol del concejo como fiscalizador. Si bien no se tomó una decisión inmediata sobre su permanencia en el cargo, el llamado a investigación representa una señal institucional de que se tomará en serio cualquier señal de irregularidad en el manejo de recursos públicos.