test de drogas

El test de drogas para autoridades públicas en Chile tendrá nuevas directrices tras un instructivo emitido por la Contraloría General de la República, que establece controles obligatorios y periódicos para altos cargos del Estado.

La medida busca garantizar el cumplimiento del artículo 110 de la Ley N° 21.806, que impone la realización de exámenes para detectar el uso de sustancias psicotrópicas ilegales.

Test de drogas obligatorio para autoridades

Según lo establecido, ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes superiores de servicio deberán someterse a un test de drogas al momento de asumir sus funciones.

Además, deberán repetir este examen al menos dos veces al año mientras se mantengan en sus cargos.

Las evaluaciones se realizarán mediante muestras biológicas de pelo y sus resultados serán públicos, en línea con el principio de transparencia.

Controles sorpresivos durante el año

El instructivo también establece que los controles posteriores deberán realizarse en fechas variables e imprevistas, con el objetivo de mantener un carácter preventivo.

La Contraloría detalló que el primer examen puede efectuarse en un periodo cercano a la asunción del cargo, incluso considerando pruebas realizadas hasta 30 días antes o después, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y legales.

Estas evaluaciones deberán ser realizadas en laboratorios autorizados y con la aceptación expresa de las autoridades para la publicación de los resultados.

Fiscalización y responsabilidades

El organismo contralor advirtió que el incumplimiento de esta obligación podría derivar en responsabilidades administrativas, conforme a la normativa vigente.

En el caso de los ministros de Estado, aunque no cuentan con un régimen disciplinario estatutario, igualmente están sujetos a la fiscalización de la Contraloría y al principio de probidad administrativa.

La medida busca reforzar la transparencia y la confianza en el ejercicio de funciones públicas, en un contexto donde la probidad es un eje central del debate institucional.