Se confirma desafuero para Ojeda
Este martes, la Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Mauricio Ojeda Rebolledo (ex Republicano), quien está siendo investigado por su presunta participación en un fraude que involucra más de $730 millones en recursos del Gobierno Regional de La Araucanía. El parlamentario está imputado en la llamada “arista Manicure” del bullado Caso Convenios.
La resolución fue anunciada por la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, quien destacó que la decisión fue adoptada de manera unánime por el pleno del tribunal. La sentencia ratifica la resolución previa de la Corte de Apelaciones de Temuco, que había determinado el desafuero del diputado Ojeda.
¿De qué se acusa a Mauricio Ojeda?
El fiscal Carlos Cornejo, a cargo de la investigación, señaló que Ojeda está involucrado en el manejo fraudulento de fondos públicos destinados a las fundaciones Folab y Educc. Estos recursos, que superan los $730 millones, estaban destinados a financiar capacitaciones para mujeres de escasos recursos en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, capacitaciones que nunca se realizaron.
La Fundación Folab, dirigida por Rinett Ortiz, una cercana amiga del diputado Ojeda, recibió aportes estatales para desarrollar cursos de peluquería, manicura y masoterapia. Sin embargo, en vez de ser utilizados para su objetivo original, los fondos fueron desviados para pagar deudas, dejando a las beneficiarias sin acceso a las capacitaciones prometidas.
El diputado Ojeda también está acusado de gestionar un crédito de consumo por $40 millones en el Banco Santander y otro por $30 millones, supuestamente para solventar las finanzas de la ONG, pero estas acciones habrían sido parte del esquema fraudulento que ahora es materia de investigación.
Consecuencias legales
La Fiscalía Regional de La Araucanía, liderada por el fiscal regional Roberto Garrido, ha señalado que el desafuero de Mauricio Ojeda permitirá avanzar en la investigación sin el obstáculo de su inmunidad parlamentaria. El diputado enfrenta una serie de acusaciones que podrían derivar en graves consecuencias legales, incluidas penas de cárcel en caso de ser hallado culpable.
La Corte Suprema ha subrayado que esta decisión no prejuzga la culpabilidad del parlamentario, pero sí permite que la investigación siga su curso sin las protecciones que le otorgaba su cargo como diputado.