Investigación culmina con destitución en el Sename
En una destacada serie de acontecimientos que duró más de tres años, la administración del Servicio Nacional de Menores (Sename), en octubre de 2024, finalizó con la destitución de una educadora de trato directo. La institución aún no ha revelado el nombre de esta educadora, quien llevaba a cabo sus tareas en un centro semi-cerrado en Temuco. Este centro alberga a jóvenes que han sido sancionados por tribunales. Estos jóvenes están obligados a permanecer en el recinto de noche y desarrollar ciertas actividades durante el día.
La Dirección Regional de la Araucanía del Sename lanzó una investigación en abril de 2021, como se informó en CIPER, consecuencia las sospechas de que una joven del centro había estado consumiendo cocaína y otras sustancias junto a dicha educadora.
El documento que estableció la destitución presentó hasta cinco cargos contra la educadora. Tres de ellos estaban relacionados con suministrar, aprobar y facilitar el consumo de drogas, tanto dentro como fuera del centro de servicio. Además, los otros dos se referían a que acogía a otra joven del mismo centro en su domicilio, y mantenía una relación informal con otros adolescentes, a quienes incluso invitó a fiestas en su casa.
La investigación concluyó que los hechos denunciados eran reales y que la educadora estaba involucrada en ellos. La acusada, sin embargo, no presentó ninguna defensa.
Durante este tiempo, el Sename está experimentando cambios significativos, incluyendo su cierre y la creación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Cuando CIPER consultó al Sename sobre el incidente de la educadora ahora despedida, el servicio reveló que a lo largo de la duración del sumario administrativo, que coincidió con el periodo de pandemia, la trabajadora había transitado al teletrabajo. Esto implicaba que no había tenido ningún contacto con los jóvenes durante el sumario, ya que, por una serie de licencias médicas, no regresó al centro.
A pesar de la seriedad del sumario y la eventual destitución, la educadora continuó recibiendo una remuneración bruta promedio de $1,6 millones durante ese período.
Al buscar más información sobre este caso, CIPER solicitó aclaraciones a la Fiscalía Regional de La Araucanía sobre si se había realizado alguna investigación durante o después del proceso administrativo. Según la Fiscalía, el caso se presentó en 2021. Aunque se emitieron órdenes de investigación, el caso fue posteriormente archivado en 2021 debido a la falta de pruebas suficientes para esclarecer los hechos.
Ávidos de justicia, tres años más tarde, al finalizar el proceso de destitución, el Sename decidió notificar de nuevo al Ministerio Público. Sin embargo, al momento de la última consulta realizada por CIPER acerca del estado del caso, no se había recibido respuesta.
Las conclusiones de la investigación interna fueron claras e irrefutables. Se había cometido una falta grave a la probidad administrativa. Según el documento, desde diciembre de 2018, la educadora suministraba drogas a los jóvenes del centro. Además, no reportó el consumo de estas sustancias ilícitas que tuvo lugar dentro del centro durante su turno de trabajo.
La educadora también desviaba las actividades fuera del centro, llevando a los jóvenes a su propio domicilio o al de sus familiares para facilitar aún más el consumo de drogas. La investigación finalmente determinó que había suficientes pruebas, incluyendo un informe reservado del centro, testimonios de quienes denunciaron, informes financieros y capturas de pantalla, para acreditar de manera convincente los cargos en contra de la educadora. Estos hallazgos fueron escenciales para justificar la drástica acción de destitución.