La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió las acciones de cobranza impulsadas por la Tesorería General de la República contra los deudores del CAE, asegurando que antes de llegar a los embargos existieron diversas instancias para regularizar las obligaciones pendientes.
Según informó Mesa Central de T13, la secretaria de Estado abordó la controversia generada por la retención de fondos en cuentas bancarias de personas con deudas morosas asociadas al Crédito con Aval del Estado.
Deudores del CAE tuvieron oportunidades para regularizar pagos
Durante la entrevista, la ministra sostuvo que la situación actual responde a años de incumplimiento y a señales que, según indicó, fueron transmitidas durante administraciones anteriores respecto a una eventual condonación de las deudas.
“Venimos de una situación en la cual a los deudores se les decía que se les iba a condonar las deudas y que, por lo tanto, el incentivo o la señal fue que dejaran de pagar. Y muchos lo hicieron”, afirmó.
Respecto de los embargos, Arzola insistió en que los deudores del CAE contaron previamente con distintas alternativas para evitar llegar a este escenario.
“Hubo muchos avisos previos. También hubo otras etapas en las cuales ellos podían acercarse a hacer convenios y ahora también van a poder hacerlo. Espero que lo hagan”, señaló.
Deudores del CAE y las herramientas de cobranza del Estado
La ministra defendió la aplicación de las medidas y sostuvo que el cumplimiento de las obligaciones es fundamental para el funcionamiento del sistema.
“Nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley, porque si no hacemos cumplir la ley, ninguna relación que tenemos acá adentro de este país va a poder sostenerse”, indicó.
Asimismo, recordó que el Estado dispone de mecanismos de cobranza más amplios que los utilizados por entidades privadas y explicó que estas facultades estaban contempladas en la normativa del Crédito con Aval del Estado.
La autoridad también aseguró que los procesos se han aplicado de manera gradual, priorizando inicialmente a quienes registran mayores niveles de deuda.
Finalmente, señaló que la regularización por parte de los deudores del CAE resulta relevante para garantizar la sostenibilidad de futuros beneficios estudiantiles y de distintas políticas públicas vinculadas al sistema educacional.