El Gobierno de José Antonio Kast descartó la realización de la auditoría externa internacional que fue una de las promesas centrales de su campaña presidencial. La decisión fue confirmada a través de la Subsecretaría General de la Presidencia, que argumentó estrechez fiscal como razón para no licitar el proceso a firmas auditoras de nivel mundial.
Qué contemplaba la auditoría externa prometida en campaña
Durante la carrera presidencial, el equipo de Kast delineó con detalle lo que denominó Auditoría Total al Estado. El plan consideraba convocar a la Contraloría General de la República y a firmas auditoras de primer nivel mundial para revisar cada ministerio, subsecretaría, servicio y empresa pública de Chile. El objetivo declarado era identificar sobreprecios, redes de operadores políticos y contrataciones indebidas. Empresas como Deloitte, PwC, EY y KPMG seguían con atención la eventual licitación internacional.
Por qué se descartó la auditoría externa y qué la reemplaza
El gobierno argumentó que la estrechez fiscal impide financiar una auditoría externa de esa magnitud. En reemplazo, el 20 de marzo se constituyó formalmente el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia presidida por la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, e integrada por los subsecretarios del Interior, Máximo Pavez, y de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, además del director de Presupuestos, Juan Pablo Gómez, y un representante del Gabinete Presidencial. El comité ordenó a los servicios públicos remitir información sobre el uso de recursos fiscales entre 2025 y el 11 de marzo de 2026 en un plazo de 17 días, y tiene seis meses para entregar resultados definitivos.
Según informó Radio Bío Bío, Castillo aseguró que el proceso avanza con rapidez y transparencia de cara a la ciudadanía.
El contraste con las declaraciones del propio Kast
La decisión contrasta con lo que el propio mandatario señaló apenas asumió el cargo. En su primer consejo de gabinete, Kast indicó a sus ministros que no tenían excusa para no cumplir las promesas de campaña y que la falta de recursos no era justificación válida. La investigación interna que se realiza en su lugar no contará con la participación de firmas globales independientes, lo que aleja el proceso del escrutinio internacional que el gobierno había comprometido ante la ciudadanía.