El presidente José Antonio Kast promulgó la ley Escuelas Protegidas, normativa que entrega nuevas herramientas a los establecimientos educacionales para enfrentar episodios de violencia, amenazas y eventual ingreso de armas. Entre sus disposiciones se encuentra la posibilidad de incorporar la revisión de mochilas y pertenencias en los reglamentos internos de los colegios.
Según informó Radio Bío Bío, el mandatario defendió esta facultad durante la ceremonia de promulgación y afirmó que “el que nada hace, nada teme”.
La normativa corresponde al boletín 18.156-04 y fue despachada por el Congreso el pasado 2 de junio. Antes de su promulgación, algunas de sus disposiciones fueron eliminadas por el Tribunal Constitucional tras requerimientos presentados por parlamentarios de oposición.
Escuelas Protegidas permitirá revisar mochilas bajo protocolos
Uno de los principales cambios de Escuelas Protegidas es la posibilidad de que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos procedimientos para revisar mochilas y otras pertenencias.
Esta facultad tendrá límites. El procedimiento deberá ser efectuado por personal capacitado y tendrá que respetar derechos como la privacidad, honra, igualdad y debido proceso.
La normativa tampoco autoriza revisiones corporales ni de la vestimenta de los estudiantes.
Durante la promulgación, Kast comparó el procedimiento con los controles de seguridad realizados antes de abordar un avión y defendió la necesidad de contar con mecanismos preventivos frente al eventual ingreso de elementos peligrosos.
“¿Por qué uno va a tener temor a mostrar lo que trae en la mochila? (…) El que nada hace, nada teme”, sostuvo el Presidente.
Tribunal Constitucional eliminó parte de las facultades
El alcance de Escuelas Protegidas cambió durante su tramitación. Tras requerimientos presentados por parlamentarios de oposición, el Tribunal Constitucional eliminó algunas de las disposiciones que habían generado mayor controversia.
Entre ellas estaba la posibilidad de que Carabineros o la Policía de Investigaciones realizaran la revisión de mochilas cuando un estudiante se negara al procedimiento.
Con la resolución del Tribunal Constitucional, esta alternativa quedó fuera de la normativa y las revisiones contempladas finalmente permanecerán radicadas en los propios establecimientos, de acuerdo con los protocolos incorporados en sus reglamentos internos.
También fue eliminada una disposición que impedía durante cinco años acceder a gratuidad universitaria a personas condenadas por determinados delitos relacionados con violencia escolar.
Nuevas facultades para los profesores
Escuelas Protegidas no se limita a la revisión de pertenencias. La normativa también entrega mayores facultades a los docentes para aplicar de manera inmediata medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias destinadas a mantener el orden dentro de la sala.
Estas decisiones deberán adoptarse respetando criterios de proporcionalidad.
Los reglamentos escolares tendrán además que prohibir elementos que impidan la identificación facial de una persona, aunque se contemplarán excepciones justificadas.
Las amenazas que provoquen la interrupción de las actividades académicas también serán consideradas como una afectación grave a la convivencia escolar.
Apoderados tendrán obligación de asistir a citaciones
La legislación establece además obligaciones para padres y apoderados. Estos deberán concurrir a las citaciones efectuadas por los establecimientos cuando estén relacionadas con medidas disciplinarias, convivencia o situaciones de violencia escolar.
El Ejecutivo fundamentó la necesidad de Escuelas Protegidas en el aumento de determinados episodios registrados en las comunidades educativas. De acuerdo con los antecedentes entregados por el Gobierno, las denuncias por maltrato contra adultos ante la Superintendencia de Educación aumentaron 58% entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695.
Además, durante 2025 se registraron en promedio 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales, según las cifras de Carabineros citadas por el Ejecutivo.
Kast sostuvo que la aplicación concreta será determinante para evaluar los resultados de la nueva normativa. “Más que una ley, es una herramienta. Porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso te lo tiene que llevar a la práctica”, afirmó durante la promulgación.
Con los cambios realizados durante su tramitación, la Ley de Escuelas Protegidas entrega nuevas facultades a los establecimientos y docentes, pero establece límites específicos para la revisión de pertenencias: no contempla registros corporales o de vestimenta y tampoco permite recurrir a las policías para revisar una mochila ante la negativa de un estudiante.