Contraloría cuestiona control de armas de Carabineros y remite antecedentes a Fiscalía
Un informe de la Contraloría General de la República evidenció importantes incumplimientos por parte de Carabineros de Chile en el control de armas inscritas, particularmente en casos relacionados con personas condenadas por delitos y personas fallecidas. La auditoría, contenida en el Informe Especial N° 930 de 2024, evaluó las actuaciones de la Autoridad Fiscalizadora N°28 del Departamento OS-11, correspondiente al período 2022-2025.
Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la falta de incautación de 37 armas de fuego asociadas a 26 personas que, pese a haber sido condenadas por crimen o simple delito, continuaban figurando como titulares de dichas armas. Si bien estas armas fueron objeto de inspecciones, no fueron retiradas ni se reportaron al Ministerio Público, lo que, según la Contraloría, constituye un grave incumplimiento de las obligaciones legales del cuerpo policial.
El organismo también detectó que en 30 fiscalizaciones de armas inscritas a nombre de personas fallecidas, estas no se encontraban en los domicilios ni se pudo acreditar su transferencia legal. Aunque el sistema informático indicaba que se habían presentado denuncias correspondientes, no existía respaldo documental que lo confirmara.
Según el informe, uno de los problemas centrales radica en que la Autoridad Fiscalizadora no realizó una validación previa para focalizar sus inspecciones en personas con antecedentes penales que poseían armas registradas. Esta omisión impidió orientar los esfuerzos de fiscalización hacia los casos de mayor riesgo para la seguridad pública.
La situación generó una fuerte alerta en los órganos fiscalizadores, llevando a la Contraloría a iniciar un procedimiento disciplinario directo. Además, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, lo que podría derivar en acciones judiciales o investigaciones penales para establecer responsabilidades.
El hallazgo pone en cuestión los protocolos y capacidades de fiscalización de Carabineros en materia de control de armas, una responsabilidad especialmente sensible considerando el debate público sobre seguridad ciudadana, control de la violencia y el uso legal de armas en el país.
Este caso también reabre el debate respecto a la necesidad de modernizar y fortalecer los mecanismos de fiscalización del control de armas, tanto a nivel institucional como normativo, para asegurar que los registros de armas estén debidamente controlados, actualizados y que las personas inhabilitadas por la ley no conserven armas bajo su poder.
Expertos en seguridad consultados por distintos medios han advertido en el pasado que los vacíos en la trazabilidad de las armas inscritas generan riesgos para la seguridad, especialmente cuando no se retiran a tiempo de manos de personas que ya no están legalmente habilitadas para poseerlas.
Desde la Contraloría, se insistió en que el cumplimiento del control de armas es un deber legal de las policías, particularmente cuando se trata de situaciones asociadas a delitos o fallecimientos. El no ejecutar estas acciones no solo incumple la ley, sino que también debilita la confianza en los sistemas de control y en la capacidad del Estado para resguardar la seguridad de la ciudadanía.
Este caso, aún en proceso de evaluación disciplinaria y judicial, podría tener efectos sobre futuras reformas al sistema de control de armas y las funciones fiscalizadoras de Carabineros, cuyas deficiencias han quedado en evidencia tras esta investigación.
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