Exgobernador Luciano Rivas responde por Fundación Local en caso Convenios
El exgobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, enfrentó un nuevo capítulo en su vinculación al denominado caso Convenios, luego de conocerse parte de su declaración ante la fiscalía en el marco de la arista que involucra a la Fundación Local, institución que recibió más de $9 mil millones desde el Gobierno Regional durante su gestión.
Luciano Rivas, independiente cercano a Evópoli, actualmente figura como imputado en esta investigación por presuntas irregularidades en el traspaso de fondos públicos. Uno de los puntos clave del caso es la relación entre el exgobernador y Héctor Troncoso Triviño, representante legal de la Fundación Local, cuya hija fue apadrinada por el propio Rivas, vínculo que ha generado especial atención en la indagatoria.
Según lo revelado por Radio Biobío, Luciano Rivas aseguró en su testimonio que desconocía los montos visados y afirmó que no tuvo ningún tipo de injerencia en la evaluación ni en la aprobación de fondos públicos. “La verdad que no me percaté de los montos que se estaban entregando”, declaró el exgobernador. Agregó que, por la información que maneja, la fundación habría cumplido con los procedimientos de evaluación establecidos por el Gobierno Regional.
Respecto a su vínculo con Troncoso, Luciano Rivas detalló que se conocían debido a la relación entre sus hijos, quienes son compañeros de curso, pero enfatizó en que “jamás tuve algún tipo de injerencia ni en esta fundación ni en otras para la aprobación, adjudicación o ningún tipo de beneficio”.
La Fiscalía busca establecer si existió tráfico de influencias, malversación de caudales públicos u otros delitos asociados al traspaso de recursos fiscales a entidades privadas, muchas de ellas sin trayectoria previa en ejecución de programas sociales. En el caso de la Fundación Local, los antecedentes recopilados apuntan a una rápida asignación de fondos pese a observaciones formales y posibles conflictos de interés.
El exgobernador también defendió el actuar de la institucionalidad, señalando que los documentos que llegaron a su firma ya contaban con las visaciones técnicas requeridas. Sin embargo, la investigación aún debe determinar si existió una omisión negligente o una participación activa en los hechos cuestionados.
El caso ha reactivado el debate sobre la transparencia y los mecanismos de fiscalización en la entrega de recursos públicos desde los Gobiernos Regionales a organizaciones privadas. Diversos actores políticos y sociales han llamado a revisar los protocolos de control y evaluación de proyectos, especialmente cuando existe cercanía entre los representantes públicos y los beneficiarios de los convenios.
La investigación del caso Convenios, que se extiende a varias regiones del país, sigue en curso. La Fiscalía continúa tomando declaraciones y recopilando antecedentes con el fin de esclarecer posibles responsabilidades penales y administrativas en los hechos denunciados.