La Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que prohíbe el uso de celulares en establecimientos educacionales que impartan enseñanza básica y media. La norma, que entrará en vigencia al inicio del año escolar 2026, establece un marco claro para regular el uso de dispositivos electrónicos y fijar excepciones en situaciones específicas. Con este paso, el texto quedó listo para su promulgación por parte del Ejecutivo.
Celulares quedarán prohibidos en aulas de básica y media
Durante la votación, la Sala respaldó las modificaciones del Senado, incluida la definición de celulares como dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal. La normativa fija que estos aparatos no podrán ser utilizados durante actividades curriculares dentro de las salas de clases, salvo en casos debidamente acreditados.
Entre las excepciones se contemplan estudiantes con necesidades educativas especiales, situaciones de emergencia o catástrofe, y diagnósticos médicos que requieren monitoreo permanente mediante celulares. También se permitirá su uso cuando sean necesarios para actividades curriculares o extracurriculares, siempre con autorización del director del establecimiento. En casos de seguridad personal o familiar, los padres o apoderados podrán solicitar un permiso temporal.
Actualización de reglamentos internos y rol de la Superintendencia
La ley encarga a la Superintendencia de Educación la tarea de establecer los mecanismos y condiciones que permitan materializar la prohibición de celulares. Los reglamentos internos deberán contemplar procedimientos y consecuencias frente a su uso inadecuado, tanto para estudiantes como para otros integrantes de la comunidad educativa.
Para educación media, la normativa permite que cada establecimiento determine espacios y horarios en los que el uso de celulares esté autorizado, considerando la autonomía progresiva de los adolescentes. Además, se exigirá que los colegios informen a su comunidad sobre los riesgos asociados al abuso de pantallas y que impulsen actividades formativas que promuevan un uso responsable.
Los establecimientos tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos conforme a estas nuevas disposiciones.
Reacciones y debate sobre el impacto de la medida
La aprobación de la ley generó diversas reacciones en la Cámara. Parlamentarios que respaldaron la iniciativa destacaron que la prohibición de celulares permitirá disminuir distracciones en el aula, mejorar la convivencia escolar y reducir la ansiedad generada por notificaciones constantes. También valoraron que la norma no implique una carga adicional para los docentes, quienes no deberán asumir un rol policial.
Asimismo, se resaltó la incorporación de educación digital como principio formativo y la obligación de realizar campañas informativas sobre beneficios y riesgos del uso de pantallas. Sin embargo, algunos legisladores plantearon reparos respecto al alcance de la norma, cuestionando que se delegue en los establecimientos funciones educativas que consideran propias de las familias. También hubo debate sobre la inclusión —o no— de toda la comunidad educativa dentro de la prohibición.
Con la promulgación en camino, los colegios deberán prepararse para implementar una regulación que cambiará la relación cotidiana entre estudiantes y celulares dentro de las aulas.
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