Karina Oliva enfrentará juicio oral tras acusación de Fiscalía por financiamiento electoral
La Fiscalía Metropolitana Sur presentó una acusación formal en contra de Karina Oliva, expresidenta del partido Comunes, y otros diez imputados, por presuntos delitos de corrupción electoral vinculados a la campaña por la Gobernación Metropolitana de Santiago realizada en 2021. En ese proceso electoral, el cargo fue finalmente obtenido por Claudio Orrego.
Según informó La Tercera, el fiscal Alex Cortés ingresó la acusación ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando penas asociadas a infracciones a la ley de financiamiento electoral. En el caso de Karina Oliva, el Ministerio Público la acusa del delito de fraude de subvenciones y solicita una pena de siete años de presidio.
Detalles de la investigación por Karina Oliva
De acuerdo con los antecedentes recopilados durante la investigación, Karina Oliva y otros integrantes de su comando habrían declarado como gastos de campaña servicios que no fueron efectivamente prestados. Esto habría tenido como objetivo obtener devoluciones de dinero por parte del Servicio Electoral, respaldando parte de esas rendiciones con documentos tributarios falsos.
Junto a Karina Oliva, la Fiscalía llevará a juicio a miembros de su equipo de campaña, del partido Comunes y de la Fundación Chile Movilizado, entidad que habría emitido parte de las boletas utilizadas para justificar los gastos cuestionados. Entre los imputados figuran Martín Miranda, Jorge Ramírez, Ailine Ramírez, Camila Ríos, Jean Flores, José Robredo, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, Marcelo Riffo y Luis Romero.
Alcance judicial del caso Karina Oliva
En cuanto a las penas solicitadas, la Fiscalía pidió siete años de cárcel para Karina Oliva, Martín Miranda, Jorge Ramírez y Camila Ríos; cinco años de presidio para Juan Pablo Sanhueza, José Robredo, David Castillo y Marcelo Riffo; y tres años de cárcel para Luis Romero, Ailine Ramírez y Jean Flores.
Para sustentar la acusación en el juicio oral, el Ministerio Público presentó un amplio respaldo probatorio que incluye 106 testigos, siete peritos, 1.270 documentos y más de 260 otros medios de prueba, lo que da cuenta de la magnitud del caso y de su relevancia para el debate público sobre transparencia y control del financiamiento electoral.