Un informe de la Contraloría General de la República detectó un presunto conflicto de interés que involucra al jefe de Vialidad de la oficina provincial de Concepción, luego de establecer que participó en decisiones relacionadas con la pavimentación de un camino que conduce directamente a un predio de su propiedad.
Contraloría detectó presunto conflicto de interés
De acuerdo con la investigación, el jefe de Vialidad, Mario Vidal Sanhueza, intervino en decisiones vinculadas a la pavimentación del camino O-678, pese a mantener un interés directo en la obra por ser propietario de un terreno colindante con esa ruta.
Según los antecedentes del informe, el camino pavimentado conduce hasta un centro de eventos denominado Curvy Park, ubicado en un predio perteneciente al funcionario.
La situación fue denunciada por vecinos del sector, quienes señalaron que durante años han solicitado la pavimentación del camino que permite acceder a sus viviendas, sin obtener respuesta favorable.
Vecinos cuestionan priorización de la obra
Los denunciantes sostienen que la pavimentación benefició principalmente al predio del jefe de Vialidad, mientras otras necesidades de conectividad de la comunidad continúan sin solución.
El informe también concluyó que la Dirección de Vialidad no dispone de un procedimiento formal que permita prevenir conflictos de interés en este tipo de decisiones administrativas.
Esta ausencia de mecanismos habría permitido que el jefe de Vialidad participara en procesos que terminaron favoreciendo directamente a una propiedad de su interés.
MOP espera resultados de la investigación
Tras conocerse los antecedentes, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, calificó el hecho como un «abuso increíble», aunque indicó que se esperará el desarrollo de las investigaciones antes de adoptar medidas definitivas.
El caso continúa siendo revisado por las autoridades competentes para establecer eventuales responsabilidades administrativas o de otra naturaleza.
Caso reabre debate sobre la transparencia
La situación generó cuestionamientos respecto de los controles internos existentes en la ejecución de obras públicas y la necesidad de fortalecer los mecanismos destinados a prevenir conflictos de interés.
El caso del jefe de Vialidad también volvió a poner en discusión la importancia de garantizar criterios transparentes y objetivos en la priorización de proyectos financiados con recursos públicos.