Senado aprueba proyecto que obliga a una hora diaria de actividad física escolar
El sistema educativo chileno se prepara para uno de los cambios más relevantes de los últimos años. El Senado aprobó el proyecto que establece la obligatoriedad de dedicar una hora diaria a la actividad física escolar en todos los establecimientos del país, desde la educación parvularia hasta la enseñanza media. La iniciativa apunta a enfrentar el creciente sedentarismo infantil y a reforzar hábitos saludables desde los primeros años de vida, una preocupación que ha sido reiterada por especialistas en salud pública y educación.
La medida no solo busca sumar minutos de movimiento a la rutina de los estudiantes, sino redefinir la relación entre educación y bienestar. En Chile, los indicadores de actividad física han mostrado retrocesos importantes en la última década, tendencia que se acentuó tras la pandemia. La aprobación del proyecto intenta instalar una respuesta estructural ante un problema que ya no es coyuntural.
El impacto de la actividad física escolar en el aprendizaje
La actividad física escolar propuesta en la nueva normativa no se limita a ejercicios tradicionales o rutinas deportivas aisladas. El proyecto plantea una mirada pedagógica que integra el movimiento como parte del proceso formativo. Esto significa que las escuelas podrán aplicar metodologías interdisciplinarias que combinen contenidos académicos con desplazamientos, dinámicas al aire libre y actividades que estimulen distintas áreas del desarrollo.
Este enfoque coincide con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que desde hace años sugiere que niños y adolescentes realicen al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa. La evidencia internacional muestra que los estudiantes que incorporan el movimiento a su vida diaria presentan mejoras en concentración, manejo emocional y rendimiento académico. Esa línea argumental es la que respalda gran parte de la discusión parlamentaria que culminó con la aprobación del proyecto.
En Chile, docentes y equipos directivos han comenzado a evaluar estrategias para adaptar sus horarios y prácticas pedagógicas a esta exigencia. Aunque existen experiencias previas de escuelas que integran actividades físicas en sus asignaturas, la normativa obliga a pensar en modelos más sistemáticos. Ese proceso implicará capacitación, planificación y ajustes en el uso de espacios educativos, desafíos que serán determinantes para que la medida no quede solo en una declaración de buenas intenciones.
Un desafío para las comunidades educativas
El éxito de la iniciativa dependerá en buena medida de la preparación de los docentes y de los recursos disponibles en cada establecimiento. La actividad física escolar requiere espacios adecuados, materiales básicos y una coordinación interna que permita sostener el cambio en el tiempo. En comunas donde las escuelas cuentan con patios reducidos o infraestructura limitada, será un desafío implementar la hora diaria sin interrumpir el funcionamiento habitual.
Aun así, hay consenso en que la medida abre oportunidades para repensar la educación en clave de bienestar integral. Directores y profesores coinciden en que el movimiento no solo ayuda a combatir enfermedades asociadas al sedentarismo, sino que también fortalece la convivencia escolar y la motivación de los estudiantes. Los ejemplos de clases al aire libre, ejercicios vinculados a asignaturas como Matemática o Ciencias y la incorporación de pausas activas han demostrado efectos positivos en diversos establecimientos.
Un cambio que responde a tendencias globales
La discusión local se inserta en un fenómeno mundial. Diversos países han implementado planes similares, reconociendo que la salud física y mental es parte inseparable del desarrollo académico. La actividad física escolar se consolida así como un elemento estratégico en los programas educativos. Chile, con la aprobación del proyecto, se alinea con esa tendencia y se compromete a adoptar un modelo que prioriza el bienestar en la formación.
El camino que viene ahora es la implementación. El Ministerio de Educación deberá elaborar los lineamientos para que la normativa sea aplicada de manera uniforme en el territorio. Para las familias, el cambio podría traducirse en estudiantes más activos y con mejor disposición a aprender. Para las comunidades educativas, en una transformación que obliga a revisar prácticas arraigadas durante décadas.
La fuente de esta información corresponde a Austerra Society, organización que ha seguido de cerca el avance del proyecto y sus implicancias en el ámbito educativo.