Hospital de Angol bajo investigación por irregularidades en traumatología
Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) puso en entredicho los procedimientos del área de traumatología del Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres de Angol. Según el informe, dos médicos concentraron el 65% de las intervenciones quirúrgicas del servicio, sin criterios técnicos documentados que justifiquen dicha asignación.
El análisis reveló que de un total de 736 procedimientos registrados en 2023, 264 fueron realizados por el doctor Jaime Etchepare Pérez de Arce y 216 por Jorge Flores Muñoz, sumando entre ambos 480 cirugías traumatológicas. La CGR concluyó que no existen fundamentos objetivos, administrativos ni clínicos que expliquen esta alta concentración.
Anestesistas en operaciones simultáneas
Además de las irregularidades en las asignaciones quirúrgicas, el informe también advierte una situación crítica en el cumplimiento de normas de seguridad durante los procedimientos. Se detectó que anestesiólogos participaron simultáneamente en varias cirugías, una práctica que infringe los protocolos internos del hospital.
Este incumplimiento afecta lo dispuesto en la “Guía de Seguridad en la Anestesia del Hospital de Angol”, que exige la presencia continua del anestesista para garantizar la monitorización del paciente, la realización de pausas de seguridad y la coordinación con el equipo quirúrgico.
Conflicto de interés en operaciones licitadas
El informe también reveló que en intervenciones licitadas —es decir, pagadas por el hospital a prestadores externos— el jefe del servicio de traumatología, Javier Monsalve Ramos, tuvo un rol determinante en la selección de pacientes, programación y distribución de cirugías. Esto a pesar de formar parte del mismo equipo médico contratado a través de las empresas Traumatología Malleco Limitada y Asesorías y Servicios Santa Ana SpA.
La Contraloría determinó que esta participación infringe la Ley 18.575 sobre la probidad administrativa y la Ley 19.880 sobre procedimiento administrativo, que obligan a los funcionarios públicos a abstenerse de intervenir en decisiones donde exista interés personal o situaciones que comprometan su imparcialidad.
Medidas y consecuencias
Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, mientras que la CGR solicitó al Servicio de Salud Araucanía Norte que adopte medidas disciplinarias y revise los mecanismos de gestión en el área de traumatología. La investigación abre un debate sobre la transparencia y equidad en la asignación de recursos médicos en la red pública.
El caso también pone sobre la mesa la necesidad de revisar las prácticas de contratación externa, establecer protocolos claros para la asignación de cirugías y reforzar los estándares éticos dentro del sistema de salud pública.
Un problema estructural
Aunque los hechos se centran en el Hospital de Angol, lo detectado podría estar replicándose en otros recintos del país. La concentración de intervenciones en pocos profesionales, sumada a la falta de criterios objetivos y la posible existencia de conflictos de interés, comprometen la confianza en el sistema público de salud.
La comunidad médica y los usuarios exigen respuestas y garantías de que situaciones como estas no se repitan. La transparencia, la fiscalización y la correcta gestión de recursos son claves para restaurar la fe pública en servicios tan sensibles como el de traumatología.