Más de 40 gremios y organizaciones vinculadas a las micro, pequeñas y medianas empresas solicitaron al Congreso rechazar el veto del Gobierno a modificaciones relacionadas con el pago a 30 días, acusando que la decisión significa un retroceso para proveedores que enfrentan extensos periodos de espera para cobrar productos y servicios ya entregados.
Según informó Radio Nuevo Mundo, las organizaciones expresaron un «categórico rechazo» a la decisión del Ejecutivo y sostuvieron que garantizar el pago a 30 días constituye una herramienta relevante para la liquidez de las empresas de menor tamaño.
Gremios defienden el pago a 30 días
Entre las organizaciones que suscribieron el pronunciamiento se encuentran la Confederación Nacional Unida de la Pequeña Industria y Artesanía de Chile (CONUPIA), la Federación Nacional de Buses del Transporte de Pasajeros Interurbano, Rural y Privado (FENABUS), la Asociación de Ferias Libres de Chile (ASOF), la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (UNAPYME) y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS), entre otras.
Los gremios plantean que existen pequeños empresarios que deben esperar 60, 90 días o incluso más para recibir el dinero correspondiente a sus facturas. Durante ese mismo periodo, advierten, deben continuar pagando remuneraciones, proveedores, arriendos, impuestos, cotizaciones y obligaciones financieras.
A juicio de las organizaciones, esta diferencia en los plazos afecta directamente la liquidez y puede limitar las posibilidades de inversión y crecimiento de las empresas.
«Las grandes empresas no pueden seguir financiando sus operaciones sobre la capacidad financiera de las pequeñas empresas», sostuvieron los firmantes.
El Estado también entra en el cuestionamiento
La discusión sobre el pago a 30 días adquiere especial relevancia para las Pymes que trabajan como proveedoras del Estado y de grandes compañías, debido al impacto que puede generar un retraso prolongado en sus flujos de caja.
Los gremios cuestionaron que las pequeñas empresas deban cumplir dentro de los plazos establecidos con sus obligaciones tributarias y laborales mientras pueden enfrentar esperas considerablemente superiores para recibir sus propios pagos.
«El Estado debe ser el primero en dar el ejemplo. No puede exigir el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y legales mientras posterga el pago a quienes le proveen bienes y servicios», señalaron.
Las organizaciones sostienen que fortalecer el pago a 30 días contribuiría a inyectar liquidez, prevenir cierres de empresas y proteger puestos de trabajo, particularmente considerando la relevancia que atribuyen a las Mipymes dentro de la estructura empresarial del país.
Gobierno defiende el veto y advierte posibles efectos
El Ejecutivo, sin embargo, plantea una interpretación diferente sobre las modificaciones. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el veto argumentando que aproximadamente el 50% de los acuerdos inscritos en el Registro de Acuerdos con Plazo de Pago Excepcional (RAPPE) corresponden a Mipymes.
La posición del Gobierno apunta a que eliminar determinadas excepciones al pago a 30 días podría terminar perjudicando a proveedores que utilizan sus facturas como una herramienta de financiamiento.
De esta manera, la controversia enfrenta dos posiciones. Los gremios buscan reforzar la obligación de pagar oportunamente a los proveedores de menor tamaño, mientras Hacienda advierte que modificar el actual régimen de excepciones puede generar consecuencias no deseadas para algunas de las mismas empresas que la regulación busca proteger.
Pymes piden al Congreso rechazar el veto
Las organizaciones solicitaron al Congreso revisar el veto considerando sus eventuales efectos sobre la liquidez, el empleo y la continuidad de las pequeñas empresas.
«No pedimos subsidios ni privilegios. Aceptamos otorgar un crédito sin intereses por hasta 30 días. Exigimos algo mucho más simple y justo: que quien compra, pague a tiempo», señalaron los gremios en su declaración.
La discusión sobre el pago a 30 días deberá continuar ahora en el ámbito legislativo, donde los parlamentarios tendrán que pronunciarse sobre el veto presentado por el Ejecutivo y las disposiciones cuestionadas por las organizaciones de Pymes.